¿Es suficiente la educación ambiental?

Son cada vez más numerosas las instituciones que suman su voz para gritar alto y claro la necesidad de cambios radicales a la hora de enfrentarnos a la crisis climática, aunque luego los gobiernos que las sostienen den tan tímidos pasos en esta lucha.  En efecto, cualquier medida que se quiera implantar adelantándose a la agenda (europea, pongamos por caso) no está exenta de la crítica de oposiciones feroces, cuya posición política en esta crisis depende de si están en el gobierno o en la oposición. Y lo peor de toda la barahúnda de críticas vertidas es que frecuentemente reflejan la opinión de buena parte de la ciudadanía, que a veces se nutre de un discurso ecológico vago y dependiente de sus privilegios. El ejemplo más claro es la discusión suscitada en torno a las limitaciones a la movilidad basada en el diésel o la gasolina, o al acceso al centro de las ciudades con este tipo de vehículos.

Y todo esto a pesar de que la evidencia científica sobre las consecuencias de los cambios derivados del aumento de la temperatura terrestre es demoledora. Hacen falta acciones más decisivas para evitarlas, nos dice, y esto lo saben bien los gobiernos de todos los países, cualquiera que sea su signo, pero también saben la impopularidad que conlleva implantar medidas. Obviamente, ninguno de ellos quiere morder la mano que les vota ni abrir una espita por donde pueden perderse votos. En su lugar, optan por la solución que podríamos llamar slow: se suben al carro de las decisiones tomadas por organismos institucionales superiores, como el Parlamento Europeo o el IPCC (1), y hacen transposiciones de leyes para cumplir el expediente, agotando todos los plazos posibles de implantación. El caso de los plásticos en España es flagrante: siendo uno de los mayores productores de desechos plásticos, no ha sido capaz de adelantarse en el tiempo un ápice para limitarlo (2). De este modo, la impopularidad de las medidas no se apunta ni al debe ni al haber del gobierno de turno, aunque aquí siempre haya excepciones también.

Pero las soluciones que demanda el mundo científico pasa por medidas más restrictivas, no porque haya merma de algún derecho fundamental, sino porque suponen la pérdida de privilegios, especialmente de uno: el consumo. Efectivamente, cualquier intento de racionalización del mismo se ve o se intenta hacer ver como una pérdida al derecho a la libre elección como consumidores, algo que incomoda manifiestamente: ¿por qué no puedo acceder hasta el centro de la ciudad con mi coche? ¿Por qué no puedo consumir un mango que ha recorrido miles de kilómetros? ¿Por qué no me dan un café para llevar si no llevo mi vaso?

La ciudadanía de los países más desarrollados no entiende bien estas medidas y su implantación no es gratuita para el gestor: implica críticas y pérdida de votos. Es una ciudadanía educada en la opulencia del acceso general a una cantidad ingente de bienes, sin apenas más restricciones que las impuestas por el propio bolsillo, que no se ha planteado nunca que esta disponibilidad no es sino la manifestación del derecho comercial internacional fundamentado legítimamente en unas leyes de mercado muy expansivas, a costa de los recursos y la salud del planeta y sus habitantes.

La ignorancia o el cinismo nunca son buenos compañeros de viaje, mucho menos en política, a largo plazo quedan en evidencia. Los gobiernos saben que los ciudadanos tienen que saber, admítase la redundancia, que son ellos quienes están en la base de todo cambio y los únicos que asumiendo su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático pueden hacerle frente de verdad. Cualquier medida que un gobierno quiera imponer adelantándose a la agenda y tomando la iniciativa frente a crisis climática no puede ser vista como la imposición del gobierno de turno, cuando no de un capricho ideológico que acabe navegando entre ríos de tinta sobre la conveniencia de su implantación dependiendo de los medios de comunicación, para acabar siendo al final terriblemente impopular. A nuestro juicio, este es el quid de la cuestión: cómo hacer que la ciudadanía asuma este tipo de medidas impopulares, sin aplicar la doctrina del shock, claro. 

Es en este contexto donde cobra toda su importancia la introducción de la educación ambiental en el currículo de las leyes educativas del signo que sean (3), pero no se puede olvidar que mientras se implanta pueden pasar unos cinco años, es decir, que en 2025 tendríamos una franja de jóvenes entre 12 y 18 años con mayor sensibilidad medioambiental. Aunque esta medida es un buen comienzo para una nueva forma de habitar el planeta, me pregunto si es suficiente para evitar los cambios climáticos irreversibles que penden sobre nuestras cabezas, pues deja fuera a toda la población que en esa fecha supere los 18 años. ¿Cómo van a tomar conciencia de la situación climática en que se ven inmersos, aparte de por la sucesión de noticias catastróficas? ¿Con qué sensibilidad medioambiental van a desarrollar su vida cotidiana? Porque de eso es de lo que estamos hablando, de sensibilidad medioambiental, del conocimiento que nos permite que nuestra cotidianidad se desarrolle en unos niveles de consumo acordes a nuestro bolsillo, pero también a la ética, cuyos principios afortunadamente son generales.

(1) Cualquiera puede consultarlas en un organismo tan poco radical como el IPCC, el Panel de Expertos sobre Cambio Climático auspiciado por la ONU (https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml)

(2) https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/maldito-plastico/

(2) https://www.fundacionaquae.org/mar-de-plastico-el-80-de-la-basura-en-el-mar-es-plastico/

(3) Desgraciadamente en España esto no es así. La “educación para la transición ecológica”  aparecía dentro de la LOE (2006) y la LOMLOE (2020) como uno de los principios y fines de la educación del artículo 1, no así en la LOMCE (2013), lo que da una idea de la politización a la que está sometida.